Contexto del proyecto de ley
El gobierno de Australia ha decidido retirar un proyecto de ley que proponía sanciones económicas a las plataformas digitales que no lograran frenar la propagación de desinformación. Esta iniciativa, respaldada por el gobierno laborista, tenía como objetivo otorgar a la Autoridad de Comunicaciones y Medios de Australia la capacidad de establecer reglas vinculantes para combatir la desinformación en el entorno digital.
Reacciones y críticas
La ministra de Comunicaciones, Michelle Rowland, expresó que esta legislación habría promovido un nivel sin precedentes de transparencia, responsabilizando a las grandes empresas tecnológicas por sus sistemas y procesos destinados a prevenir la difusión de información dañina. Sin embargo, Rowland también reconoció que, tras conversaciones con senadores y declaraciones públicas, no había un camino claro para legislar esta propuesta en el Senado. La situación se complicó aún más cuando Elon Musk, propietario de X (anteriormente Twitter), criticó el proyecto con un simple comentario: “Fascistas”.
Libertad de expresión en juego
El ministro de Comunicaciones en la sombra, David Coleman, se opuso vehementemente a la propuesta, argumentando que podría llevar a las plataformas a suprimir la libertad de expresión para evitar multas. Tras la retirada del proyecto, Coleman calificó la situación como un “ataque impactante a la libertad de expresión que traiciona nuestra democracia” y pidió al primer ministro que descartara cualquier versión futura de esta legislación.
Propuestas alternativas
A pesar de la retirada del proyecto de ley, Rowland hizo un llamado al Parlamento para apoyar otras iniciativas que busquen fortalecer las instituciones democráticas y proteger a los australianos en línea. Entre estas propuestas se incluyen legislaciones dirigidas a combatir los deep fakes, la implementación de “verdad en la publicidad política durante las elecciones” y la regulación de la inteligencia artificial. Además, el primer ministro Anthony Albanese está considerando un plan para prohibir el uso de redes sociales para menores de 16 años.
