La demanda de la CFPB contra Zelle
La aplicación de pagos Zelle, utilizada comúnmente para enviar dinero a propietarios de alquiler, se encuentra en el centro de una controversia legal. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) ha presentado una demanda contra Early Warning Services, la empresa que opera Zelle, así como contra importantes bancos como JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo. La acusación se basa en que los clientes de estos bancos han perdido más de 870 millones de dólares desde el lanzamiento de Zelle hace siete años.
Fallas en la protección al consumidor
Según un comunicado de la CFPB, tanto Zelle como los bancos involucrados no han logrado proteger a los consumidores de un fraude generalizado en esta red de pagos entre pares. La CFPB argumenta que Zelle fue lanzada apresuradamente al mercado para competir con aplicaciones de pago como Venmo y CashApp, sin implementar las salvaguardias necesarias para proteger a los usuarios. Rohit Chopra, director de la CFPB, destacó que los bancos más grandes del país se sintieron amenazados por estas aplicaciones competidoras y, por lo tanto, se apresuraron a lanzar Zelle, lo que resultó en un entorno propicio para los estafadores.
Reembolsos insuficientes y quejas de los consumidores
Un informe del Senado reveló que los bancos solo reembolsaron el 38% de las reclamaciones por fraude relacionadas con Zelle. A menudo, los bancos se niegan a pagar estas reclamaciones argumentando que los clientes fueron engañados para realizar pagos autorizados, lo que no los obliga a reembolsar. Chopra expresó su preocupación por la falta de acción de los bancos, que conocían las quejas de sus clientes sobre el robo de dinero, pero no asumieron la responsabilidad de las pérdidas, lo que llevó a una falta de urgencia en la solución de los problemas.
Reacción de los bancos y Zelle
Ante la demanda, tanto Zelle como los bancos han respondido, calificando la acción legal de «sin mérito». Un portavoz de JPMorgan Chase afirmó que la demanda es un intento desesperado por parte de la CFPB de avanzar en su agenda política. Esta situación plantea serias preguntas sobre la responsabilidad de las instituciones financieras en la protección de sus clientes y la necesidad de mejorar las medidas de seguridad en las plataformas de pago digital.
